El fracaso de la guerra contra las drogas

Por: 
Mark A.R. Kleiman
Traducción: 
Moisés Silva

Treinta años después de iniciada la “guerra contra las drogas”, Estados Unidos sigue teniendo un enorme problema de abuso de drogas, con varios millones de usuarios problemáticos de drogas ilícitas y cerca de 15 millones de usuarios problemáticos de alcohol. Las industrias del tráfico de drogas ilícitas amasan unos 50,000 millones de dólares al año. Gran parte del tráfico de drogas al menudeo es abierto, ya sea en la calle o en casas identificadas y especializadas en las que se venden drogas. El tráfico abierto crea violencia y desórdenes, destrozando las comunidades en las que ocurre y las vidas de los traficantes. Los usuarios crónicos de drogas ilícitas roban y venden drogas para financiar su hábito, y las drogas inyectadas contribuyen a la diseminación del VIH y la hepatitis C.

Por si eso fuera poco, existe un esfuerzo altamente agresivo y semi-militarizado para combatir las drogas, que a menudo es apenas marginalmente constitucional y a veces más que marginalmente indecente1. El esfuerzo por aplicar la ley mantiene a cerca de 500,000 estadounidenses tras las rejas por infringir las leyes antidrogas, cerca del 25 por ciento de la población carcelaria de los Estados Unidos. Más residentes de los Estados Unidos están cumpliendo condenas por violar la legislación antidrogas que por todos los demás delitos juntos en cualquier otro país con el que se quiera compararnos.

Estos son datos deprimentes, que demandan una reforma radical para resolver el problema de las drogas de una vez por todas. Pero el primer paso para lograr resultados menos terribles es aceptar que no hay una “solución” al problema de las drogas, por básicamente tres razones. Primero, el potencial para el abuso de las drogas está programado en el cerebro humano. Si se les deja solos, y sujetos a los vaivenes de las modas y la seducción de la publicidad, muchos acabarán arruinando sus vidas y las de quienes les rodean al caer bajo el hechizo de una droga u otra. En segundo lugar, cualquier legislación – prohibiciones, regulaciones o impuestos – lo suficientemente estricta para reducir significativamente el número de adictos será desafiada o evadida, y los que usan drogas desafiando las leyes generalmente acabarán más pobres, más enfermos y con más probabilidades de dedicarse a actividades criminales de lo que habría ocurrido en otras circunstancias. En tercer lugar, la aplicación de la legislación para el control de las drogas tiene que ser agresiva para ser efectiva, y las organizaciones creadas con el propósito de violar la ley tienden naturalmente hacia la violencia porque no pueden recurrir a los tribunales para resolver sus disputas o a la policía para protegerlos de robos o extorsiones.

Cualquier conjunto de políticas nos dejará entonces con algún nivel de abuso de sustancias – con los correspondientes costos para los adictos mismos, sus familias, sus vecinos, sus compañeros de trabajo y el público en general – y cierto nivel de daño causado por los mercados ilícitos y los esfuerzos por aplicar la ley. Así que el “problema de las drogas” no puede ser abolido ni “ganando la guerra contra las drogas” ni “terminando su prohibición”. En la práctica, elegir entre diferentes políticas es elegir entre cuáles problemas queremos tener.

Pero la falta de una bala de plata para acabar con el hombre lobo de las drogas no significa que estemos desvalidos. Aunque la perfección es imposible, las mejorías no lo son. Un conjunto de políticas con objetivos sensatos y con medios costo-efectivos podría reducir enormemente la extensión del abuso de drogas, el daño causado por ese abuso y los costos fiscales y humanos de los esfuerzos por aplicar las leyes para el control de las drogas. Políticas más prudentes nos permitirían tener mucho menos abuso de drogas, mucho menos delitos y mucha menos gente en prisión de la que tenemos ahora.

Las reformas necesarias para alcanzar estas ambiciosas metas son más radicales que incrementales, pero no son simples, ni todas iguales, ni van en ninguna de las direcciones definidas por las discusiones alrededor de las mesas de la cena, las páginas editoriales o las cámaras legislativas de los Estados Unidos. La división convencional de los programas para el control de las drogas entre combate, prevención y tratamiento esconde más de lo que revela, y lo mismo ocurre con la línea usual entre los “halcones” de las políticas punitivas y las “palomas” de las políticas orientadas al servicio. Ninguna de las dos partes tiene siempre la razón: algunas mejoras posibles se parecen a las de los halcones, algunas a las de las palomas, y algunas a las de ninguno de los dos.2 Para saber por qué, empecemos por los hechos.

Los hechos
Algunas de las afirmaciones hechas a continuación son deliberadamente controversiales, pero sólo en términos del discurso público usual. No son controversiales en un sentido científico.

Información básica
La mayor parte del uso de drogas es inofensivo, y gran parte es benéfico, por lo menos si el placer inofensivo y la relajación cuentan como beneficios. Pero el abuso de las drogas es de todos modos un problema real porque algunos usuarios – típicamente una minoría relativamente pequeña entre los consumidores de cualquier droga – pierden el control de su comportamiento bajo la influencia de las drogas y hacen cosas estúpidas o malas. Otro grupo aún más pequeño, que se traslapa con los anteriores, pierde el control sobre el consumo de drogas mismo. La pérdida del control en estas dos formas es lo que separa al abuso de las drogas del uso no problemático de las drogas, que puede ser poco convencional pero no es patológico.

Para la mayoría de los que caen en sus garras, el abuso de drogas es relativamente pasajero. Pero algunos de los que abusan de las drogas tienen una forma crónica y recurrente de ese trastorno: la “adicción”. Los drogadictos, aunque son una minoría dentro de una minoría entre los que usan drogas, constituyen el grueso del problema debido a la frecuencia de su conducta problemática (tanto bajo la influencia de las drogas como en la búsqueda del dinero para comprarlas), al volumen de sus compras de drogas, y a la violencia y el desorden de los mercados ilícitos que mantienen. Los usuarios con trastornos de abuso de sustancias constituyen el 80% del volumen del mercado para una droga adictiva.

Ni todas las drogas son igualmente riesgosas, ni se puede abusar de ellas igual. Pero como diferentes drogas se abusan de diferentes maneras y tienen diferentes perfiles de daño, no hay una medición única de “daño” o “adicción” con la que se las pueda clasificar. Más aún, el daño total causado por una droga no depende sólo de su neuroquímica: la composición de su base de usuarios, el contexto y las costumbres que rodean su uso también son importantes. El alcohol, por ejemplo, representa un problema serio de violencia y desórdenes en Gran Bretaña, pero no en Italia.

Y el alcohol es una droga, con un nivel alto en la mayoría de las dimensiones de riesgo. Entre los intoxicantes (excluyendo la cafeína y la nicotina) el abuso del alcohol es la causa de más de tres cuartas partes del abuso total de sustancias en los Estados Unidos, y de más muertes, enfermedades, delitos, violencia y arrestos que todas las demás drogas ilícitas juntas. Una política de control del abuso de drogas que ignore al alcohol es tan defectuosa como una política naval que ignore el Océano Pacífico.

Algunos pares de drogas se sustituyen entre sí, por lo que facilitar el acceso a una de ellas reduce el consumo de la otra (las marcas de cerveza compiten entre sí, la cerveza compite con el vino, la heroína compite con la morfina). Por otra parte, algunos pares de drogas son complementarias, así que facilitar el acceso a una incrementa el consumo de la otra (cualquier sedante puede ser complementario con cualquier estimulante, como el ron con Coca-Cola y la combinación de heroína y cocaína conocida como “speedball”). Sabemos mucho menos de estas combinaciones de lo que deberíamos. Ni siquiera está claro si hacer la cerveza más cara y más difícil de conseguir para los adolescentes reduciría su uso de mariguana o lo aumentaría (y viceversa).

Los adictos a las drogas enfrentan una fuerte compulsión física por continuar usando sus drogas favoritas, aunque muchos de ellos también desean escapar de su adicción. Pero “compulsivo” no es lo mismo que “involuntario”: los adictos pueden responder, y responden, a las condiciones y consecuencias de su conducta. Tienden a reducir su uso de drogas y a incrementar sus esfuerzos por dejarlas cuando se enfrentan a un alza de precios, y responden a recompensas por abstenerse y castigos por recaer en el uso de la droga, siempre y cuando las recompensas y los castigos sean inmediatos y predecibles.

Las leyes y su aplicación
Impuestos, reglamentos y prohibiciones pueden reducir el consumo y el abuso de drogas, pero siempre al precio de hacer el resto del consumo más dañino de lo que sería de otra manera. Cualquier regla lo suficientemente restrictiva para que tenga algún efecto tiene que ser puesta en práctica, y su puesta en práctica siempre tiene un costo y un perjuicio para los que son castigados.

Todo mercado ilícito es malo. Qué tan malo depende del tamaño del mercado, la flagrancia del mecanismo de distribución, y la mezcla social de usuarios y vendedores de drogas. A un costo relativamente bajo, la regulación y la prohibición pueden ser efectivas para evitar que surjan nuevos mercados de drogas problemáticas, y a veces para evitar que las drogas que ya han echado raíz en un área extiendan su cobertura geográfica. Pero una vez que una droga ha establecido un mercado masivo, una mayor aplicación de la ley no puede reducir mucho el problema: los clientes ya existentes buscan nuevos proveedores, y los traficantes, las drogas incautadas e incluso las organizaciones desmanteladas son reemplazadas por otras. Más aún, la efectividad de la puesta en práctica de la ley tiende a descender con el tiempo, conforme las industrias ilícitas aprenden a adaptarse. Tenemos 15 veces más traficantes de drogas en prisión de los que teníamos en 1980, y sin embargo los precios de la cocaína y la heroína han descendido más del 80%.

La aplicación agresiva de la ley contra los mercados masivos de drogas genera encarcelamientos masivos. El encarcelamiento es necesariamente horrible, y la mayor parte del encarcelamiento en los Estados Unidos es peor de lo necesario. Los traficantes que salen de prisión tienen pocas oportunidades económicas fuera del tráfico de drogas, lo que empuja hacia abajo los salarios en el mercado de las drogas, y por lo tanto los precios. Eso es lo que parece haber ocurrido con el crack.

Algunos traficantes cometen delitos no relacionados con las drogas de tal gravedad que justifican su encarcelamiento para proteger a futuras víctimas. Sin embargo, el traficante encarcelado promedio comete menos crímenes predatorios que el preso por otros delitos promedio, así que llenar las celdas de traficantes cuando el espacio en las prisiones es escaso tiende al final a aumentar la tasa de robos y delitos violentos.

La prevención
Los esfuerzos por prevenir el uso de drogas son muy costo-efectivos porque son muy baratos. Pero no son muy efectivos. Incluso los mejores programas, que combinan esfuerzos de las escuelas y de la comunidad, reducen la tasa de iniciación a las drogas cuando mucho en una cuarta parte, con ninguna seguridad de que gastar más producirá mayores efectos. La mayoría de estas iniciaciones a las drogas son pospuestas, más que evitadas del todo, y no hay evidencia de que retrasar la iniciación a las drogas reduzca la adicción futura. El programa dare, que tiene la mayor cobertura, es también el que ha demostrado ser el menos efectivo, con un impacto sobre el uso de drogas por parte de los estudiantes que no se puede distinguir de cero después de muchas evaluaciones.

El tratamiento
El mantra de que “el abuso de drogas es una enfermedad crónica y recurrente” es cierto sólo para una minoría de los que abusan de sustancias. Para un observador casual, ese grupo parece típico sólo porque sus miembros llenan las cárceles y los programas de tratamiento. La mayoría de los trastornos de abuso de drogas se resuelven “espontáneamente”, es decir, sin un tratamiento formal (de aquellos que han llenado los criterios formales del trastorno de abuso de drogas durante su vida, menos de una cuarta parte siguen así, y sólo una pequeña proporción de los que se han recuperado han recibido tratamiento profesional).

Las víctimas de trastornos de abuso de sustancias cuyos intentos por dejarlas o por moderar su uso fallan usualmente se benefician de la ayuda profesional si la buscan y la siguen. Pero la mayoría de los que “necesitan” tratamiento en el sentido de que cumplen con los criterios clínicos del trastorno de abuso de sustancias no quieren el tratamiento lo suficiente como para ingresar y mantenerse en él incluso si está a su alcance. La brecha entre la necesidad determinada clínicamente de tratamiento y el tratamiento que realmente es aplicado es una función tanto de la falta de demanda de tratamiento como de su falta de disponibilidad.

Los que se someten a tratamiento bajo coerción legal tienen tan buenos resultados desde el punto de vista estadístico como los que lo hacen voluntariamente. En la práctica no hay una línea clara entre el tratamiento voluntario y el involuntario, porque los que los que no son coercionados por el sistema legal con frecuencia ingresan al tratamiento bajo otras presiones: de sus familias, por ejemplo, o de sus patrones. Por otra parte, la coerción legal para someterse a tratamiento es con frecuencia más nominal que real: tres cuartas partes de los que cometen delitos relacionados con las drogas y que son “transferidos” del castigo al tratamiento no se presentan en absoluto al tratamiento o lo abandonan antes de terminarlo, y a muy pocos se les castiga por ello.

Muchos de los que necesitan tratamiento – es decir, los que no se pueden recuperar por sí solos – no pueden ser “curados” de una manera fácil, y ese hecho es el origen de la teoría de la “enfermedad crónica y recurrente”. Pero el tratamiento puede fácilmente pagarse solo al reducir, aunque sea temporalmente, el nivel de abuso de drogas y los daños resultantes. En ese sentido, el slogan de que “el tratamiento funciona” es exacto: los que ingresan y se mantienen en el tratamiento (voluntariamente o no) casi siempre mejoran su problema y su conducta hasta cierto punto, y los que ingresan y se mantienen durante un año o más tienen buenas posibilidades de mantenerse en mejor estado y con una mejor conducta, incluso si no se abstienen por completo, durante algún tiempo después de concluir el tratamiento.

El tabaco
La nicotina en forma de cigarrillo es sorprendentemente adictiva, y como resultado la mayoría de los fumadores son dependientes y sufren un daño significativo a su salud. Quienes empiezan a fumar tienden a subestimar enormemente su vulnerabilidad a la adicción a la nicotina, o de otra manera no empezarían. Nueve de cada diez fumadores actuales quieren dejar de fumar, han tratado de dejar de fumar sin éxito, y desean nunca haber empezado.

Fumar pipa o habanos y el uso de tabaco sin humo (para mascar o en polvo) son mucho menos adictivos y mucho menos dañinos para la salud que fumar cigarrillos. El uso de la nicotina podría hacerse más seguro alejando a sus usuarios de los cigarrillos, reduciendo el contenido tóxico de los productos de tabaco (por ejemplo, el formaldehído y el benceno), o vaporizando los agentes activos del tabaco con calor externo en vez de quemar las hojas, lo que llevaría la nicotina a los pulmones sin una nube de gases y partículas calientes y tóxicos.

Los alucinógenos
Los alucinógenos o “psicodélicos” tienen un singular perfil de riesgo/beneficio. La adicción es extremadamente poco común, pero sus usuarios, especialmente los más jóvenes, corren el riesgo de accidentes y daños duraderos causados por experiencias subjetivas terroríficas.

Los excesos de los años sesenta desacreditaron a los alucinógenos y pusieron fin a lo que parecía una prometedora área de investigación. Pero los que han usado alucinógenos tienen una mayor tendencia que los usuarios de otras drogas a afirmar que su vida ha sido enriquecida por esa experiencia. Estudios recientes muestran que estas drogas pueden tener un potencial clínico para reducir el miedo a la muerte en pacientes terminales, y en el tratamiento de algunos problemas psiquiátricos, incluyendo el trastorno de estrés post-traumático. Existen también indicios de que el uso de alucinógenos en dosis muy pequeñas puede enriquecer el trabajo creativo de artistas, profesionistas, matemáticos y científicos.

Algunos alucinógenos han sido usados con propósitos religiosos/espirituales durante siglos, si no milenios: el kerkyon, la bebida sagrada usada en los Misterios Eleusinos, parece haber contenido ergot3, un precursor del LSD. Un experimento reciente en la Universidad Johns Hopkins mostró que la psilocibina (el agente activo en los “hongos mágicos”) administrada bajo condiciones controladas puede producir de una manera segura y relativamente confiable efectos que no se pueden distinguir de las experiencias místicas clásicas, con efectos positivos aparentemente persistentes sobre el humor y la conducta. La Native American Church, que afirma tener un cuarto de millón de seguidores, ha tenido permiso oficial para utilizar los botones de peyote portadores de mezcalina desde hace medio siglo, sin que haya habido ningún daño aparente. La Suprema Corte de los Estados Unidos, interpretando el Acta de Restauración de la Libertad Religiosa, ha decretado que otras iglesias que utilicen otras sustancias químicas pueden hacerlo si el motivo religioso es genuino y las prácticas son razonablemente seguras.

Habiendo establecido estos hechos, hay cinco principios que podrían guiar de una manera razonable nuestra elección de políticas. Primero, el objetivo general de las políticas debe ser minimizar el daño causado a los usuarios de drogas y a los demás por los riesgos de las drogas mismas (toxicidad, conducta bajo su influencia y adicción) y por las medidas de control y los esfuerzos por evadirlas.

Esto implica un segundo principio: si no hay daño, no hay falta. El simple uso de una droga de la que se puede abusar no constituye un problema que demande la intervención pública. Los “usuarios de drogas” no son el enemigo, y alcanzar una “sociedad libre de drogas” no sólo es imposible sino innecesario para lograr los propósitos para los que se promulgaron las leyes de control de drogas.

Tercero, una talla no les queda a todos. Las drogas, los usuarios, los mercados y los traficantes son todos diferentes, y las políticas deben ser tan diferenciadas como las situaciones que buscan enfrentar.

Cuarto, todas las políticas para el control de las drogas, incluyendo la aplicación de la ley por la fuerza, deben estar sujetas a pruebas de costo-beneficio. Debemos actuar sólo cuando podamos hacer más bien que daño, y no sólo para expresar lo correcto de nuestras ideas. Quienes violan la ley y sus familias son también seres humanos, y su sufrimiento también cuenta. Los arrestos y las condenas a prisión son costos, no beneficios, de las políticas. Los que definen las políticas deben aprender de sus errores y abandonar esfuerzos que han fracasado, lo que significa que el aprendizaje institucional debe ser parte del diseño institucional. En las políticas para el control de las drogas, como en la mayoría de las arenas políticas, la retroalimentación es el desayuno de los campeones.

Quinto, al discutir innovaciones en los programas debemos concentrarnos en los programas que pueden ampliarse lo suficiente para tener un efecto significativo en los problemas más importantes. Habiendo millones de personas que abusan de las drogas, los programas que afecten sólo a unos miles apenas merecen ser considerados, a menos que muestren algún potencial.

Una agenda práctica
¿Cómo serían unas políticas reales basadas en los datos y los principios mencionados? Para empezar, aquí va una lista de “pendientes”:

No llenar las prisiones con traficantes ordinarios. Aunque la prohibición reduce el abuso de drogas (de otra manera no habría varias veces más gente que abusa del alcohol que de todas las demás drogas juntas) y algún nivel de aplicación de la ley por la fuerza es necesario para hacer que la prohibición sea una realidad, aumentar los esfuerzos por aplicar la ley contra las drogas con un mercado masivo no va a incrementar significativamente los precios de esas drogas o a hacerlas más difíciles de adquirir. Si tuviéramos 200,000 traficantes tras las rejas en vez de 500,000 los mercados no serían mucho más grandes y podrían ser menos violentos. Dados los costos fiscales y humanos del encarcelamiento y el costo de oportunidad de encerrar a un traficante en una celda en la que podría encerrarse a un asaltante o violador, el nivel actual de encarcelamiento por drogas es difícil de justificar. Podemos reducir ese nivel con estrategias de aplicación de la ley que minimicen los arrestos y con una moderación selectiva en las sentencias por delitos relacionados con drogas.

Encerrar a los traficantes con base en su conducta violenta, no en el volumen. Todos los traficantes venden drogas, pero sólo algunos recurren a la violencia u operan de manera abierta o emplean a menores de edad como aprendices. El sistema actual de aplicación de la ley, que basa la decisión de arrestar y la sentencia principalmente en el volumen de drogas, debería ser reemplazado por un sistema enfocado en la conducta. Si arrestamos y sentenciamos severamente a los traficantes más violentos en vez de los que manejan un mayor volumen, podemos reducir en gran medida la cantidad de balaceras, el daño que el tráfico de drogas hace a las comunidades y la atractiva molestia que el tráfico de drogas ofrece a los adolescentes.

Como una cuestión práctica, además, no podemos crear anti-incentivos diferenciales adecuados para las formas más destructivas del tráfico sólo acumulando las sanciones para los que se dedican a él. Si estamos encerrando a traficantes ordinarios para toda la vida, encerrar a los más violentos para toda la vida y un día no va a crear una gran desventaja competitiva para las organizaciones propensas a la violencia o a emplear menores de edad. El nivel base de las sanciones tiene que reducirse para que la diferencia en las sentencias sea efectiva.

Presionar a los usuarios de drogas que infringen la ley para que dejen de hacerlo. El número relativamente pequeño de delincuentes (no más de tres millones en total) que son usuarios frecuentes y de altas dosis de cocaína, heroína y metanfetaminas son los que tienen que ver con una gran parte de los robos y del dinero gastado en drogas ilícitas. Si no controlamos su conducta no podremos controlar el crimen en las calles y los mercados de la droga.

Sin embargo, las políticas actuales para enfrentar a esos delincuentes ignoran todo lo que sabemos acerca de la adicción y de la prevención. Ordenarles a quienes están en libertad probatoria o bajo palabra que ingresen a un tratamiento podría ser efectivo si pudiéramos hacer que la orden se cumpliera, pero seguiría siendo un despilfarro de los recursos de tratamiento. En vez del tratamiento obligatorio, podríamos hacer que la abstinencia fuera obligatoria, insistiendo en que los que están en libertad probatoria o bajo palabra se abstengan de usar drogas ilícitas. No todo delincuente que usa drogas tiene un trastorno de abuso de sustancias diagnosticable, e insistir (como lo hacen los tribunales) en aplicar a todos estos delincuentes una evaluación de la necesidad de tratamiento y un plan de tratamiento personalizado absorbe capacidades de por sí escasas, a veces hasta el punto en que los pobres usuarios de drogas no pueden obtener tratamiento sin que los arresten primero.

Independientemente de que exijamos la asistencia a un tratamiento o la abstinencia, el problema más difícil es hacer que ese requisito nominal sea efectivo en una población con poco autocontrol y no mucha resistencia a violar la ley. Las instituciones de libertad probatoria y bajo palabra tienden a apoyarse excesivamente en la severidad, a costa de la certeza y la inmediatez. Mientras que la mayoría de los casos de uso de cocaína por parte de quienes están en libertad probatoria o bajo palabra no son detectados o no son sancionados con más que una reprimenda, algunos infractores desafortunados enfrentan la revocación de su libertad probatoria o bajo palabra y meses o años tras las rejas.

En vez de esto, deberíamos hacer que las consecuencias del incumplimiento y las recompensas del cumplimiento fueran más rápidas y confiables. Las pruebas frecuentes, con sanciones automáticas y fijas por usar drogas o faltar a una prueba, reducen en gran medida el uso de drogas, y por lo tanto el crimen, incluso entre delincuentes y usuarios crónicos. La revocación de la libertad probatoria o bajo palabra – encerrar al infractor por meses o incluso años – debería reservarse para los que cometen nuevos delitos serios o evaden la supervisión. La sanción por seguir usando drogas no debería ser más que unos cuantos días en prisión. Si esa amenaza se hace creíble, por lo general inducirá al cumplimiento (el programa hope de Hawai, basado en el modelo de la “abstinencia obligatoria”, ha reducido la tasa de pruebas positivas entre sus clientes en un 80% o más). Aplicar una sanción relativamente ligera de manera rápida y consistente es más efectivo y menos cruel que poner gente a la sombra de vez en cuando.

Ya que las recompensas son aún más potentes que los castigos, deberíamos buscar también maneras de recompensar a los infractores por su abstinencia. Los incentivos financieros modestos reducen enormemente el uso de la cocaína y las metanfetaminas en el contexto del tratamiento voluntario. El truco es adaptar ese enfoque al manejo de los infractores, tal vez ofreciéndoles una remisión parcial de las multas y cargos por cada prueba “limpia”.

Los beneficios de la implantación de un programa nacional de abstinencia obligatoria serían mucho mayores que sus costos, y mucho mayores que los beneficios de cualquier otro programa que pudiera implementarse contra las drogas y el crimen utilizando recursos similares. Para dar una aproximación, un programa nacional que costara 5,000 millones de dólares (comparado con el presupuesto total, local, estatal y federal de cerca de 40 mil millones al año) podría reducir en 30% el volumen en dólares del mercado de drogas duras, y lo que se ahorraría al encarcelar a menos adictos y menos traficantes probablemente más que recuperaría la inversión, dándonos todos los demás beneficios gratis. Las barreras administrativas y políticas para un programa de ese tipo son formidables, pero la experiencia hawaiana sugiere que no son infranqueables. El reto es conseguir que una multitud de agentes de la ley (oficiales de libertad probatoria, tribunales, jueces, policías y carceleros) trabajen juntos lo suficientemente bien para generar consecuencias rápidas y predecibles, y que esto se dé a una escala masiva.

Desintegrar mercados abiertos de drogas utilizando redadas de bajo arresto. El tráfico flagrante de drogas, en mercados de la calle o casas en las que se venden drogas, crea crimen, violencia y desórdenes, que son letales para la vida comunitaria. Incluso si desintegrar esos mercados no ayuda mucho a reducir el abuso de drogas, sí protege a la comunidad. Un mercado abierto de drogas es la mayor “ventana rota”.

Las redadas masivas y prolongadas funcionan, aunque a un precio intolerable en recursos policiales y judiciales. Pero se pueden lograr los mismos efectos utilizando amenazas explícitas y creíbles de arresto y proceso legal. High Point, en Carolina del Norte, acabó con un mercado de crack de veinte años al identificar y preparar procesos contra todos los traficantes activos, llamando a todos a una reunión para informarles que tenían que desistir de inmediato y que cualquiera que persistiera sería enviado a prisión con base en las evidencias ya existentes. Cualquier traficante individual podría haber sido reemplazado con facilidad, pero cuando todos dejaron de vender al mismo tiempo el mercado se detuvo en seco, y cualquiera que tratara de llenar el vacío se convertiría en un blanco fácil para los agentes de la ley.

Una vez que los traficantes se retiraron, los compradores dejaron de ir, lo que empujó a las transacciones hacia canales más discretos – y menos socialmente destructivos – como las de mano en mano en bares o clubes, o las órdenes telefónicas con entrega a domicilio.

La parte difícil no fue preparar el proceso legal y hacer las amenazas, sino identificar a los traficantes, movilizar el apoyo de la comunidad para el esfuerzo legal, y alinear a los proveedores de servicio social para ofrecerles a los involuntariamente jubilados traficantes la ayuda que necesitaban para ganarse la vida legalmente. Winston-Salem, en Carolina del Norte, y Newburgh, en el estado de Nueva York, han tenido un éxito similar, y Kansas City es la que sigue. Que las redadas de bajo arresto funcionan ya no está en duda; que la policía, los fiscales, y los políticos locales acepten el cierre de los mercados como un éxito, en vez de exigir muchos arrestos y sentencias como una prueba de que son “duros contra las drogas” sigue siendo una pregunta sin respuesta.

Negar el alcohol a los bebedores problema. Cuando alguien es sorprendido bebiendo y conduciendo, le quitamos su licencia: su licencia de conducir. La “licencia” de beber – el permiso legal para comprar y consumir alcohol en cantidades ilimitadas – es supuestamente irrevocable. ¿Por qué? Sabemos que quien bebe y conduce es un mal ciudadano cuando está ebrio, pero no que es un mal conductor cuando está sobrio.

Si alguien es sentenciado por conducir, atacar a alguien, vandalismo, o desorden público, en estado de ebriedad – es decir, si alguien demuestra que es una amenaza o una gran molestia pública cuando está ebrio – entonces ¿por qué no revocarle a él (o, muy rara vez, a ella) su licencia de beber?4

Por supuesto, la “prohibición personal” que nos estamos imaginando, como la restricción actual por edad, tendría que ser aplicada por quienes venden las bebidas alcohólicas, que tendrían que verificar a qué clientes se les ha prohibido beber, de la misma manera que actualmente verifican que cada cliente tenga la edad legal para beber. Obviamente, la aplicación de esa prohibición no sería perfecta. Pero reducir un poco la frecuencia y la flagrancia de la conducta alcohólica de los bebedores problema es mucho mejor que no reducirla en absoluto. Una prohibición de la bebida para los malos bebedores (a diferencia de la prohibición actual para los menores de 21 años en los Estados Unidos) tendría obviamente una base moral. Evadirla comprando bebidas alcohólicas para alguien en la lista de “No Beber”, por ejemplo, sería claramente incorrecto y merecería castigo. Lo que es más, a los infractores les resultaría difícil beber en bares, restaurantes y otros lugares públicos, por lo que sería menos probable que bebieran y luego condujeran o causaran desórdenes.

Aumentar los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza. El impuesto total promedio (federal más estatal) sobre una lata de cerveza es de diez centavos de dólar. El daño promedio que causa esa lata de cerveza a gente que no la bebe se acerca más a un dólar. Este costo consiste principalmente en delitos, accidentes y gastos médicos redistribuidos a través de los seguros, y esa cifra no incluye el costo para las familias y las amistades de los bebedores.

Por supuesto, no todas las bebidas son iguales. Un dólar por lata sería un impuesto demasiado alto para la gran mayoría de los bebedores cuya manera de beber no causa daño, y demasiado bajo para la minoría peligrosa. Pero como decía un anuncio de Chivas Regal, “Si el costo extra te importa, estás tomando demasiado” (nótese que el nivel óptimo de los impuestos bajaría si le negáramos el alcohol a los malos bebedores).

Aumentar los impuestos es también una de las mejores maneras de reducir el consumo excesivo de alcohol entre los adolescentes, para quienes el precio suele ser importante.

Eliminar la edad mínima para el consumo de alcohol. Existen buenas evidencias de que las restricciones de edad reducen el abuso del alcohol y el manejo en estado de ebriedad en menores de edad. Eso es cierto incluso tomando en cuenta la inducción a beber creada al convertir la bebida en un rasgo distintivo de la edad adulta, y la dificultad de enseñar prácticas responsables de consumo de alcohol a quienes tienen absolutamente prohibido beber.

Pero contra los beneficios debemos sopesar los costos de convertir a la vasta mayoría de los adolescentes en infractores de la ley. Cerca de nueve de cada diez estudiantes de preparatoria reportan haber consumido bebidas alcohólicas. Criminalizar una conducta estadísticamente normal trivializa la violación de la ley al tener una ley que casi todos violan, y la violan sin ningún daño aparente. La mayoría de los adolescentes que beben, como la mayoría de los adultos que beben, no tienen un problema con la bebida. La edad mínima para beber en la actualidad ha hecho también normal el uso y la adquisición de documentos de identidad falsos, lo que en los tiempos del terrorismo parece una mala idea.

El aumento en el consumo del alcohol por parte de los adolescentes que resultaría de eliminar la restricción de edad podría ser contrarrestado por un aumento en los impuestos, lo que sería un beneficio general.

Muy pocos de mis colegas analistas de políticas de control de drogas están de acuerdo en este punto, por lo que pocos políticos estarían dispuestos a votar por esta clase de cambio. No obstante, estas tres reformas propuestas a las políticas de bebidas alcohólicas – más impuestos, prohibición personal para malos bebedores y eliminar la restricción de edad – reducirían significativamente los costos sociales del problema del alcohol.

Evitar que los jóvenes trafiquen con drogas. Los esfuerzos para evitar que los jóvenes usen drogas tienen un apoyo generalizado. Pero no se le presta casi ninguna atención al problema de evitar que los adolescentes trafiquen con drogas. El tráfico es una actividad mucho más riesgosa, y sin embargo tiene cierto glamour en algunas comunidades. Ese glamour podría ser desmitificado difundiendo cuánto ganan realmente la mayoría de los que venden drogas (menos que el salario mínimo) y cuántas probabilidades tienen de acabar balaceados, en la cárcel o adictos. Incluso un nivel modesto de éxito valdría la pena el esfuerzo.

Decir más que “No”. El mensaje actual de la mayoría de los programas de prevención basados en las escuelas – que todo uso de drogas es abuso, y que la mariguana es tan peligrosa como cualquier otra droga – tiene tres grandes defectos. El primero es que los mensajes son falsos, y es malo mentirles a los niños en edad escolar. El segundo es que cuando los niños descubran que los mensajes son falsos – y sí lo descubren – no van a creer otras advertencias acerca de drogas más duras (o cualquier otra advertencia por parte del gobierno). El tercero es que una vez que se les dice a los niños que todo uso de drogas es abuso, es difícil dar un paso atrás y decirles cómo tener cuidado con las circunstancias y los patrones de su consumo de drogas para evitar la transición de un uso no problemático al abuso. Hoy en día incluso beber de manera responsable es un tema tabú. Ya es hora de que los esfuerzos de prevención maduren.

No depender sólo de dare. El programa dare (Drug Abuse Resistance Education), en el que los policías visitan salones de clase de quinto año de primaria, hace que la relación entre los niños y la policía sea más amistosa, lo que es muy bueno, pero nunca ha demostrado que reduzca el uso de las drogas. Como resultado, la predominancia actual de dare significa que nuestros dólares para la prevención de las drogas están previniendo menos uso de drogas del que podría evitar.

Fomentar formas menos riesgosas de uso de la nicotina. Fumar cigarrillos, actualmente la forma predominante de uso de la nicotina, es también la forma más peligrosa para los fumadores y más molesta para los demás. Si no fuera políticamente imposible, ese sería un argumento muy fuerte para prohibir la venta de cigarrillos a nuevos usuarios, y prescribir dosis de mantenimiento para los usuarios actuales.

Mientras eso sucede, deberíamos fomentar formas menos riesgosas de uso de la nicotina. El problema no es la nicotina, sino las muertes: 400,000 estadounidenses cada año. La fobia hacia la nicotina por parte de la comunidad de la salud pública no resulta difícil de entender, pero basar las políticas en esa fobia hace un daño severo a la salud pública.

Dejar que los fumadores de mariguana cultiven la suya. La mariguana está en las afueras del círculo de las drogas ilícitas. Sus riesgos son marcadamente menores, su consumo está muchísimo más generalizado, y es la causa de más arrestos que todas las demás drogas juntas, por lo general por posesión. Es también la única droga ilícita cuyos consumidores podrían prácticamente producir ellos mismos. Las leyes actuales acerca de la mariguana convierten en criminales a millones de ciudadanos que fuera de eso son respetuosos de la ley, y crean un mercado ilícito de muchos miles de millones de dólares.

Y no es que la mariguana sea inofensiva. Aunque su “tasa de captura” para el abuso y la dependencia sean significativamente menores que las del alcohol, la cocaína, las metanfetaminas y la heroína, y aunque el daño causado por su abuso y dependencia sean usualmente mucho menos drásticos, la tasa de captura es suficientemente alta y las consecuencias suficientemente malas para que constituya un problema significativo, especialmente considerando que la edad promedio para la iniciación a la mariguana es actualmente los 15 años.

Una completa legalización de la mariguana, con el modelo aplicado actualmente al alcohol, aumentaría enormemente el problema del abuso de la mariguana al darle a los genios de la mercadotecnia – que han hecho tan buen trabajo persuadiendo a los niños de que fumen tabaco, beban en exceso y pidan el supercombo de comida chatarra – otro vicio qué fomentar. Sin embargo, si se cambiaran las leyes actuales para que fuera ilegal vender mariguana o intercambiarla por algo de valor, pero no cultivarla, poseerla, usarla o regalarla, los costos del régimen de control actual se reducirían notablemente, sin incrementar demasiado las dimensiones del problema del consumo de mariguana. Una ley así no podría prevenir de manera efectiva las ventas privadas de mariguana más de lo que una prohibición de las apuestas puede prevenir los juegos de póker: su objetivo sería evitar las ventas masivas.

En el corto a mediano plazo, una política de ese tipo tendría sólo un efecto ligero sobre el uso. Los más afectados serían los que ahora dejan de usar la mariguana cuando ingresan a la fuerza laboral, que podrían seguir usándola. A largo plazo, habría quizás un incremento modesto en el uso de mariguana debido a la desaparición del estigma social y el riesgo para el empleo. Qué tanto de ese incremento en el uso se daría entre los que luego tuvieran problemas con la droga es más difícil de adivinar.

Por otro lado, los jóvenes que fuman más mariguana ya no se verían tentados a convertirse en traficantes. Un incremento modesto en el consumo de mariguana sería un bajo costo a cambio de eliminar un gran mercado ilícito, junto con varios cientos de miles de arrestos al año y decenas de miles de sentencias de prisión por traficar con mariguana.

Estimular a los usuarios problemáticos a dejar las drogas sin tratamiento formal. Algunos usuarios de drogas necesitan tratamiento, otros no. Darle publicidad al hecho de que la mayor parte de las personas con problemas de abuso de drogas se pueden recuperar sin ayuda profesional aumentaría la tasa de intentos “espontáneos” de dejar las drogas. Los que lo intentan suficientes veces (cinco fracasos son el promedio para los que tratan de dejar de fumar) tienen probabilidades de lograrlo. No funciona para todos, pero no hacer el intento es la única estrategia que lleva con seguridad al fracaso.

Las celdas de detención, las cárceles y las salas de urgencias de los hospitales serían buenos lugares para detectar casos de abuso de drogas, exhortar a los que abusan a que dejen las drogas por sí solos si pueden, y referir a los que no puedan a tratamiento. Por esos lugares pasan muchas personas con trastornos de abuso de sustancias, en un momento en el que las malas consecuencias de su intoxicación frecuente están especialmente presentes en su mente. Esas oportunidades casi nunca han sido explotadas.

La otra oportunidad obvia para la detección y la intervención breve es el examen físico anual. Los médicos tienen una gran credibilidad acerca del tema, y tienen licencia profesional para hacer preguntas directas. Pero a la mayor parte de los médicos no se les entrena para ni se les paga por la detección y la intervención, y la falta de una privacidad confiable para los expedientes médicos hace que algunos pacientes se resistan a responder con franqueza. Para cambiar esta situación se requerirían los esfuerzos de las escuelas de medicina, los directivos de las organizaciones de atención a la salud y los organismos que financian servicios de salud.

Extender el mantenimiento de los opiáceos. Aumentar la capacidad del sistema de tratamiento de mantenimiento para los opiáceos, que actualmente está excesivamente regulado, podría reducir tanto el abuso de estas drogas como los delitos relacionados con ellas.

El tratamiento contra las drogas funciona para los que lo siguen. La mayoría no lo hace, pero el mantenimiento de los opiáceos – el tratamiento con metadona, y los nuevos y en algunos aspectos mejores buprenorfina y LAAM (l-alfa-acetilmetadol) – tienen una gran ventaja sobre los tratamientos contra la adicción: sus clientes regresan (no existe un tratamiento equivalente para el abuso de estimulantes, y dada la forma en la que funcionan, probablemente no puede haberlo).

Actualmente tenemos cerca de un millón de usuarios problemáticos de opiáceos en los Estados Unidos. Quizás tres cuartas partes aceptarían una terapia de mantenimiento si fuera fácil de obtener. Sólo 100,000 la reciben actualmente, y una razón de ello es que la mayoría de los jueces y los departamentos de libertad probatoria siguen insistiendo en mandar a los infractores que usan opiáceos a terapias “libres de drogas”. Ese es un error: los datos del programa de evitación de drogas Proposition 36 en California muestran que los infractores usuarios de heroína que son asignados a programas de mantenimiento cometen muchos menos delitos.

Desarrollar inmunoterapias. Imagine estimular el sistema inmune de un fumador de cigarrillos o un usuario de crack para que reconozca las moléculas de nicotina o cocaína como cuerpos extraños y las capture en el torrente sanguíneo antes de que lleguen al cerebro. Parece que ese tipo de tratamientos, consistentes en una sola inyección cada mes o cada dos o tres meses, son técnicamente factibles al menos para ciertas drogas, entre las que se incluyen la nicotina y la cocaína. Los beneficios sociales de perfeccionarlos y llevarlos al mercado son mucho mayores que las ganancias que un fabricante podría esperar.

Las inmunoterapias, por lo tanto, deben ser una alta prioridad para el gasto público en investigación relacionada con las drogas, especialmente si se les compara con la costosa y hasta la fecha inútil búsqueda de drogas que alivien el ansia que sienten los que dejan la cocaína (nótese que estos tratamientos son técnicamente “vacunas”, pero su uso es terapéutico, no profiláctico: una inmunización masiva no tendría sentido en este contexto).

Evitar que la aplicación de la ley interfiera con el alivio del dolor. Los médicos y quienes los regulan están naturalmente preocupados por el riesgo de una dependencia iatrogénica (inducida por el tratamiento) de las drogas. En consecuencia, han tendido a ser excesivamente cuidadosos al usar calmantes del dolor opiáceos y opioides, incluso cuando el dolor es extremo y la corta esperanza de vida del paciente, como en los casos terminales de cáncer, hacen que la adicción sea más bien irrelevante. Una mejor educación médica ha hecho que muchos nuevos médicos tengan menos miedo de recetar calmantes del dolor que sus colegas mayores, pero el dramático incremento del abuso de analgésicos bajo receta, especialmente la hidrocodona (Vicodin) y la oxicodona (Percodan, Oxicontin) ha generado una reacción en contra.

Los controles estrictos y el cuidado al recetar pueden reducir el mal uso por parte de los médicos y el uso recreacional de las drogas bajo receta, así como su desviación hacia los mercados ilícitos. Una redada sobre farmacias en internet que ofrezcan “recetas” en línea está totalmente justificada. Pero entre más estrictos sean los reglamentos, mayor será el costo y los inconvenientes para los fabricantes, los médicos, los farmacéuticos y los pacientes. El costo y los inconvenientes no sólo molestarán a estos grupos, sino que también aumentarán el dolor que no es tratado.

Las políticas actuales hacen que los médicos tengan miedo de tratar el dolor de manera agresiva. Muchos doctores y grupos médicos simplemente se rehúsan a recetar cualquier sustancia controlada por el Protocolo II, el grupo de drogas recetables con regulaciones más estrictas, que incluye los calmantes del dolor más potentes, los opiáceos y los opioides, y las anfetaminas, potentes estimulantes. La combinación de opiáceos y estimulantes que los libros de texto recomiendan casi nunca es administrada por el miedo (que excede con mucho al verdadero riesgo) de acciones disciplinarias o investigaciones judiciales a un médico que recete estimulantes y narcóticos juntos. Ya es hora de relajar un poco los controles.

Crear un marco regulador para los químicos que aumentan el rendimiento. Los avances en farmacología están produciendo una nueva ola de moléculas capaces no sólo de curar la enfermedad, sino de aumentar el rendimiento normal en una serie de actividades: atléticas, eróticas, cognitivas y creativas. La frontera que separa las drogas que son necesarias para tratar enfermedades de las que son optativas para mejorar el rendimiento ya es borrosa, y seguramente va a ser cada vez más difusa.

La mayoría de las políticas para controlar el abuso de las drogas están dirigidas hacia las sustancias químicas que la gente consume por diversión. El abuso de los esteroides anabólicos en los deportes está notoriamente generalizado, pero el número de acusaciones criminales desde que se convirtieron en sustancias controladas ha sido ínfimo, tal vez porque el abuso de los esteroides no lleva a estados de intoxicación y es asociado con el esfuerzo atlético más que con una hedonística “cultura de las drogas”. Pero cada vez enfrentaremos más sustancias químicas que la gente toma para mejorar su rendimiento.

En la medida en que se puedan desarrollar drogas razonablemente seguras que mejoren de manera prolongada la memoria u otras capacidades cognitivas, no resulta obvio que debieran ser prohibidas o que debieran ser presentadas bajo el disfraz de tratamientos para limitaciones cognitivas, como el Viagra fue presentado para tratar la disfunción eréctil sólo para que se le transformara luego en una droga para mejorar el rendimiento sexual. Pero no nos engañemos acerca de la naturaleza de la presión competitiva. Para los que participan en juegos en los que el ganador se lleva todo en escuelas, lugares de trabajo y arenas deportivas, cualquier cosa que mejore efectivamente el rendimiento y que sea legal se volverá prácticamente obligatoria para quienes no quieran ser rebasados por sus competidores. Es probable que tales sustancias químicas tengan efectos de largo plazo, y es prácticamente seguro que no sabremos mucho acerca de esos efectos en décadas. Eso hace que la regulación de sustancias químicas que mejoran el rendimiento sea un problema difícil, y que no sea seguro dejárselos solamente a los especialistas en bioética.

Averiguar para qué sirven los alucinógenos, y no dejar que las leyes para el control de las drogas interfieran con la libertad religiosa. A la luz de nuevas evidencias científicas, es hora de olvidar algunas de las (falsas) lecciones aprendidas durante el episodio psicodélico de paliacates y camisetas pintadas, y llevar de nuevo a la esfera de la respetabilidad científica y política los beneficios potenciales de un uso responsable de los alucinógenos. Si los alucinógenos tienen un potencial para la terapia o un mejor rendimiento, ¿por qué reprimirlo? Si los que buscan sinceramente la religión quieren aceptar un riesgo moderado al tomar sustancia químicas potencialmente peligrosas para inducir visiones místicas, ¿para qué prohibírselos?

Dejar de sacrificar los objetivos de la política exterior y los derechos humanos al control de las drogas. Nada de lo que ocurra en Colombia o Afganistán influirá mayormente en las dimensiones del problema de las drogas en los Estados Unidos. Los cultivos de drogas son tan abundantes, tan baratos y tan poco restringidos por la geografía que ningún conjunto de esfuerzos por erradicarlos que se nos puediera ocurrir en el extranjero haría una diferencia significativa en la disponibilidad de las drogas en los Estados Unidos. Y si no podemos hacer que desaparezcan los cultivos de drogas, no deberíamos debilitar el tabú contra las armas biológicas en el intento. Incluso si la fumigación aérea no representara una amenaza contra los cultivos de alimentos, nunca podríamos convencer al mundo de ello.

Considerando lo que está en juego en la contienda actual entre el gobierno en Kabul y el resurgimiento de los talibanes por el control de Afganistán, es absurdo que insistamos en que el presidente Karzai haga enormes sacrificios políticos en un intento inevitablemente inútil por acabar con la producción de amapola y la exportación de opio y heroína. No importa cuál sea el nivel de combate al cultivo de amapola que le ayude a Karzai a ganar la guerra civil – o incluso si decidiera legalizar y ponerle impuestos a la producción de amapola o hasta la refinación de heroína – los Estados Unidos deben darle todo su apoyo. Pero nuestro gobierno sigue hablando (y tal vez actuando) como si el tema de la producción de amapola hiciera alguna diferencia. Si tenemos que elegir entre un Afganistán gobernado por los talibanes y no aplicar la Convención Única sobre Drogas Narcóticas, no deberíamos dudar un momento en tirar la convención por la borda.

Como la Academia Nacional de las Ciencias señaló hace algunos años, un problema fundamental con nuestro enfoque actual del abuso de drogas es que no sabemos ni siquiera lo indispensable para establecer políticas sensatas, y una razón es que la abrumadora mayoría de las actividades de control del abuso de drogas consisten en la aplicación de la ley, pero casi todo el dinero para la investigación proviene del sector salud.

El Instituto Nacional de Estudios sobre el Abuso de Drogas (NIDA), con su presupuesto anual de mil millones de dólares, es parte de los Institutos Nacionales de Salud, lo que significa que es una institución de investigación biomédica, pero el abuso de drogas es sólo en parte un problema biomédico. El NIDA no tiene ningún interés en estudiar los mercados de drogas o la aplicación de la ley, pero es ahí donde está la mayor parte de la acción de las políticas. Se pueden encontrar más usuarios de grandes dosis y más datos entre los que son arrestados que entre la población general, pero seguimos gastando decenas de millones de dólares al año en una encuesta casa por casa, mientras que el mucho más útil programa de Monitoreo de Abuso de Drogas entre los Arrestados (ADAM) fue eliminado por el Instituto Nacional de Justicia porque, con sólo 17 millones de dólares al año, representaba una cuarta parte del presupuesto de este Instituto al que el Congreso no le había asignado ya una partida específica.

El conflicto entre el trabajo científico útil e interesante y las necesidades de las políticas no es una anomalía: es típico. El buen trabajo científico es a menudo irrelevante para las políticas inmediatas. Por otra parte, nadie va a ganar un premio Nobel por descubrir cómo reducir la violencia en los mercados callejeros de drogas. Aprender más acerca del cerebro seguramente tendrá una utilidad a largo plazo, pero hay una necesidad abrumadora e inmediata de investigaciones relevantes para las políticas. Si algún día existe la voluntad política de basar las políticas de control de las drogas en evidencias en vez de prejuicios, el primer paso debe ser tomar en serio la recolección de evidencias reales.

Supervisar la agenda nacional de investigación de las políticas de control de drogas y pensar cómo crear políticas menos desastrosas debería ser el trabajo de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas (el “zar de las drogas”). En vez de eso, ese organismo ha sido sobre todo un porrista y un agente ideológico, dedicado a mantener las ideas actuales y a defender los intereses de las instituciones públicas y privadas que aplican la ley, la prevención, el tratamiento y los exámenes de control de drogas. Un presidente que tomara en serio el problema doble del abuso y el control de las drogas, y que estuviera preparado para enfrentarlo con valor, tendría que empezar por buscar gente inteligente, bien informada, seria y valiente para manejar ese organismo – o deshacerse de él por completo. Por desgracia, un presidente así no se ve por ningún lado.

Mark A.R. Kleinman es profesor de políticas públicas en la UCLA y editor del Drug Policy Analysis Bulletin.

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